A un paso de convertirse en ley, quedó el proyecto que introduce modificaciones sustanciales en el Código Penal y Procesal Penal ha sido aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputadas y Diputados hoy, y por la Sala del Senado ayer, tras su revisión por la comisión mixta. Esta iniciativa busca agravar las penas para los reincidentes en la comisión de delitos y mejorar la investigación y persecución del crimen organizado.

La iniciativa forma parte del fast track legislativo que incluye 32 propuestas priorizadas por el gobierno en diversas áreas relacionadas con seguridad, orden público y otras materias de crecimiento económico.

El ministro Luis Cordero destacó que el: “proyecto de ley de reincidencia, no es simplemente un proyecto referido a esta materia, es en nuestra opinión, la reforma al Código Procesal Penal más importante desde que se implementó el año 2000, porque introduce modificaciones sustanciales destinadas a que la eficacia de la persecución penal adecuando las reglas a las necesidades actuales del país ”, puntualizó el secretario de Estado.

​“Entre las modificaciones relevantes del proyecto, está aquella que introduce en el Código Penal una regla general que agrava significativamente las penas a las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un grado según sea la primera o segunda reincidencia. Creemos que esa norma es indispensable para poder avanzar en nuestra agenda de seguridad”, relevó el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

Algunas características de la ley:

- Introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para  combatir el crimen organizado.

- Incorpora reglas para la agilización de los juicios orales.

- Establece medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.

- Incorpora un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.

- Incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas.

- Incluye cambios en la Ley 20.000, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.

- Limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público.