SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Misión institucional
Contribuir al desarrollo y la seguridad ciudadana del país, a través de la modernización del sistema de justicia, promoviendo normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso, la protección de los derechos de las personas y la reinserción social, todo ello en el marco del respeto a los derechos humanos
Objetivos estratégicos
1.- Avanzar en la modernización del ordenamiento legislativo y del sistema de administración de justicia, a través de reformas y modificaciones legales, que permitan establecer procedimientos judiciales más oportunos, eficientes y transparentes para los ciudadanos, potenciando la cooperación con el Poder Judicial, asegurando su independencia, por medio de mecanismos e intercambios de experiencia.
2.- Tramitar las leyes tendientes a lograr la reforma del marco jurídico e institucional en materia de protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados, perfeccionando la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, propendiendo a fortalecer la reinserción social juvenil.
3.- Mejorar los sistemas penitenciarios y de reinserción social de las personas adultas en conflicto con la ley penal, a través del perfeccionamiento del marco jurídico institucional e impulsando la generación de una oferta programática con la participación de otras carteras de estado, para asegurar mejores condiciones de vida para la población penal.
4.- Garantizar la calidad de atención y accesibilidad para todas las personas, con un trato equitativo, sin importar su raza, nacionalidad, religión, género, orientación sexual, condición u origen social, sin discriminaciones arbitrarias entre hombres y mujeres, a través de la modernización y fortalecimiento de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promoviendo y fortaleciendo una cultura de transparencia.
Resultados esperados para el periodo
Uno de los desafíos es en materia de infraestructura, donde se considera fundamental proyectar un plan de construcción y habilitación de penales, mantenerlo en el tiempo y otorgarles condiciones dignas, donde las labores de reinserción puedan desarrollarse en forma adecuada. En específico el presente año, se pondrá en funcionamiento pleno el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, para más de mil 600 personas privadas de libertad. Por razones de emergencia, a mayo de 2023 ya funcionaba con la mitad de esa población penal, en tanto se concluye el proceso de habilitación. Este recinto forma parte de la administración del Complejo Penitenciario Bío Bío.
Otro desafío es la implementación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Su tramitación legal culminó en 2022 y durante 2023 se iniciará su implementación progresiva. Comenzará a funcionar en la macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) desde enero de 2024. En 2025 funcionará también en las regiones del sur del país (Maule, Ñuble, Bío Bío, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). En 2026 estará operativo en todo Chile, con el inicio en operaciones en Valparaíso, Región Metropolitana y O’Higgins, lo que significará el cierre definitivo del Sename. Durante 2023 se están preparando sus reglamentos, deben ponerse en funcionamiento sus organismos de generación de políticas, nombrarse a sus autoridades, capacitar a los actores del Sistema y establecer una nueva Política de Reinserción Social Juvenil.
El Ministerio está impulsando un nuevo marco legal, además de un conjunto de iniciativas para impedir la operación de organizaciones criminales desde las cárceles.
A través del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, se busca generar un modelo que refuerce la descentralización en la prestación del servicio; y que incluya la Defensoría a las víctimas de Delito; la representación Jurídica especializada de niñas, niños y adolescentes; el fortalecimiento de los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos; y la defensoría de grupos especialmente vulnerables de la población en materia de derechos humanos.
Asimismo, vinculado con el acceso a la justicia y con la agenda antibusos, se ha tramitado el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos, que establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados delitos de cuello y corbata.
La iniciativa, ya despachada por el Congreso, a la que se le introducirá un veto de perfeccionamiento, considera que cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión –cárcel – es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, de manera de evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos. Ello indudablemente es positivo para quienes ejercen la actividad de manera honesta y cumpliendo las normas, porque los diferencia claramente de quienes realizan actividades ilícitas.
Otra iniciativa de gran relevancia es el Proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de Notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. La normativa disminuye los trámites o diligencias que deben realizarse ante o por un Notario, a través de la eliminación, en diversos cuerpos legales, del requisito de reducción de escritura pública o de autorizar firmas ante Notario en casos en que se ha estimado que ello no resulta indispensable para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias, y de reforzar el uso del documento electrónico con firma electrónica avanzada.
