SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Misión institucional
Garantizar el acceso a la justicia mediante la modernización y especialización de la oferta programática, diseñando e implementando normas y políticas públicas para la protección de los derechos de las personas, fiscalizando eficazmente a las personas jurídicas sin fines de lucro, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la seguridad pública, a través de una reinserción social efectiva, todo ello con enfoque de derechos, perspectiva de género, probidad, transparencia; con equipos de trabajo altamente calificados y comprometidos con la función pública.
Objetivos estratégicos
1.- Modernizar el ordenamiento jurídico y del sistema de administración de justicia, a través de reformas y modificaciones legales, que permitan establecer procedimientos judiciales más oportunos, eficientes y transparentes adecuados a las necesidades de las personas y mejorar la fiscalización a las corporaciones y fundaciones.
2.- Mejorar los sistemas penitenciarios y de reinserción social de personas adultas y jóvenes, a través del perfeccionamiento del marco jurídico institucional e impulsando la generación de una oferta programática con la participación de otras carteras de Estado, del sector privado y de la sociedad civil, diseñando acciones tendientes a reformar intervenciones especializadas para mujeres y hombres, para así mejorar la habitabilidad en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
3.- Mejorar los mecanismos para la resolución temprana de conflictos con enfoque de derechos, con una oferta especializada orientada a resolver adecuadamente las necesidades de las personas a través de la ampliación de la cobertura de la asistencia jurídica contribuyendo de esta forma a la paz social.
4.- Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad civil, garantizando la calidad de atención y accesibilidad para todas las personas, tanto naturales como jurídicas, mediante los servicios del sector Justicia y Derechos Humanos, así como de la facultad de fiscalización de la cual se dispone, con un trato equitativo y no discriminatorio, a través de una cultura de probidad y transparencia, permitiendo incrementar la satisfacción de las personas usuarias que acceden a nuestros Servicios.
Resultados esperados para el periodo(*)
1.- Justicia accesible e inclusiva centrada en las personas
Corporaciones de Asistencia Judicial
Sobre la representación jurídica especializada de niñas, niños y adolescentes, el desafío es la incorporación de nuevos funcionarios al Programa La Niñez y Adolescencia se Defienden a fin de asumir y contener el fuerte aumento de demanda que se está registrando. Además, se impulsarán programas y planes de autocuidado para los profesionales y funcionarios, tanto del Programa Mi Abogado como del Programa La Niñez y Adolescencia se Defienden.
2.- Mejoramiento de las condiciones carcelarias
En materia de infraestructura se encuentra el proyecto de densificación al 140 por ciento del Centro Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, incrementando la capacidad operativa a mil 624 plazas. Adicionalmente se proyecta la ampliación de cinco establecimientos concesionados, que implica el incremento de alrededor de tres mil 700 plazas aproximadamente, cuya entrada en operación se proyecta para 2027. Adicionalmente, se ha iniciado el llamado a licitación para el Complejo Penitenciario de Talca que contempla dos mil 320 plazas, cuya habilitación progresiva se proyecta para el cuarto trimestre de 2024. Sumado a la licitación de dos Establecimientos Penitenciarios en Copiapó y Calama, que se materializarán en los segundos semestres de 2024 y 2025, respectivamente.
3.- Implementación mesa de trabajo reparación SENAME
El Servicio Nacional de Menores se creó en 1979 a través del Decreto Ley N° 2465 que estableció su ley orgánica, derogándose el antiguo Consejo Nacional de Menores. Desde esa época la estructura del Servicio y del Estado en general se ha modificado considerablemente. Adicionalmente, se ha levantado tanto por parlamentarios, academia e instituciones de derechos humanos la necesidad de contar con una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación (en adelante Comisión de Verdad), con diferencias en relación con quienes debieran reconocerse como víctimas. Esta idea también fue recogida por el Estado en el proceso del examen ante el Comité de Derechos del Niño de 2022, y que son recogidas como observaciones del Comité al Estado. El trabajo de una Comisión de Verdad como la que se propone requiere de un diagnóstico previo que permita establecer la dimensión del trabajo que debería desarrollar, identificar con que registros se cuenta para esta tarea, establecer un marco preliminar de posibles víctimas susceptibles de recibir algún tipo de reparación. Durante el 2024 se inició el trabajo del grupo tarea en materia SENAME, conformado por representantes de la UNICEF y la Defensoría de la niñez, con el objetivo de efectuar el diseño metodológico, así como las bases técnicas, administrativas y presupuestarias para la conformación en si misma de la Comisión en 2025.
(*) Fuente de información: Cuenta Pública Participativa 2024 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Programación para el período 2024-2025.
