La iniciativa transforma y moderniza el sistema público de asistencia jurídica, unificando las Corporaciones de Asistencia Judicial e incorpora la Defensoría de Víctimas en un servicio único con presencia en todo el territorio nacional.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulgó la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, avanzando en fortalecer la protección de las víctimas y modernizar la orientación jurídica, garantizando que nadie quede sin apoyo legal frente a vulneraciones o conflictos.

La nueva institucionalidad pública, nacional y descentralizada, más moderna, con más recursos y mejores atribuciones, transformará y agrupará las Corporaciones de Asistencia Judicial e incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos.

Al acto de promulgación asistió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, y contó con la participación del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; ministro de Hacienda, Nicolás Grau; ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios; ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega; ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; y la ministra de Defensa Nacional, Adriana del Piano, entre otras autoridades.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, destacó que: “Es un gran paso que está dando nuestro país para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la justicia, a una justicia oportuna, eficiente, profesional. Que las personas puedan acceder a la justicia sin depender de sus medios económicos, y por lo mismo es tan relevante, porque el acceso a la justicia es lo que viabiliza el ejercicio de otros derechos. Pero además, estamos promulgando esta ley que crea la Defensoría de las Víctimas.”

Asimismo, reafirmó que: “Las víctimas no van a estar nunca más solas. Van a tener un servicio público que las acompañe en este proceso, que las represente en las acciones judiciales que quieran interponer, pero además también les va a entregar asistencia psicosocial.”

La ceremonia también contó con la presencia de Margarita González y su familia, quienes impulsaron esta iniciativa durante 17 años, tras el asesinato de su hijo Alejandro Martínez en 2008 en San Antonio, manteniendo una incansable labor por visibilizar la situación de las víctimas de delitos y promover una respuesta estatal más humana, integral y justa frente al acceso a la justicia.

Así funcionará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

Aspectos clave de la Ley

-Unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplifica el proceso para que las personas puedan acceder a prestaciones y mejora su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.

- Crea la Defensoría de las Víctimas, que entregará atención integral jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, en particular a aquellos más violentos. Esto reforzará la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y ayudará a saldar una deuda pendiente con la ciudadanía.

- Promueve la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones con la participación de las personas involucradas.

- Entrega asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, defensa laboral y derechos humanos, entre otros.

- Establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.

- Garantiza la atención profesional y asegurando que todas las personas usuarias reciban una atención de calidad.

- Dispone la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia y promueve medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.

- Establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley. Iniciará en la zona norte, desde Arica hacia Valparaíso.