Promover una Justicia centrada en las personas, implementando políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de derechos y la igualdad de género, mediante una gestión centrada en la mejora continua, la protección y promoción de los derechos humanos, la reinserción social, la participación de actores internos y externos, y la prevención temprana de conflictos.