El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, participó en el seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, instancia que reunió a autoridades, representantes del sector privado y especialistas para analizar los desafíos de coordinación institucional, interoperabilidad de la información y avances legislativos para fortalecer la prevención y persecución de delitos y el combate al crimen organizado.

Durante su intervención, el secretario de Estado destacó la importancia de avanzar hacia una mayor integración de los sistemas de información pública, advirtiendo que “cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición”. Asimismo, señaló que “si el Estado no ve, no es por falta de datos sino porque esa información se encuentra dispersa entre distintas instituciones que no dialogan entre sí, y que operan con estándares distintos y con sistemas tecnológicos que son incompatibles entre sí, careciendo de reglas sobre cómo y cuándo compartirlas”.

En este contexto, el ministro abordó los avances normativos orientados a fortalecer la gestión e intercambio de información, entre ellos la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley Marco de Ciberseguridad y la reforma al sistema notarial. Según explicó, estas regulaciones “apuntarán a que exista una coordinación entre las distintas instituciones del Estado en materia de datos e información financiera, inmobiliaria, de vehículos, sociedades, etc”.

Avances en la agenda contra el crimen organizado

Durante su exposición, el ministro Rabat también se refirió a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), destacando la propuesta de creación de una Agencia de Decomiso, destinada a fortalecer la administración y disposición de bienes vinculados a actividades ilícitas. La iniciativa busca agilizar la gestión de los bienes sujetos a medidas cautelares y su posterior enajenación tras una sentencia de comiso, permitiendo destinar los recursos obtenidos al fortalecimiento de la infraestructura y tecnología policial, así como a un fondo de reparación para las víctimas.

El secretario de Estado informó que el proyecto se encuentra preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que actualmente se trabaja con la Dirección de Presupuestos en la definición de su dotación de personal.

Coordinación público-privada y desafíos en el uso de información

El encuentro también contó con las intervenciones de la country manager de ALTO Chile, María de los Ángeles Kassis, y la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudón, quienes abordaron la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y privadas, resguardando la seguridad de la información y la protección de los derechos.

Posteriormente, se desarrolló un panel integrado por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; la subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos, Bárbara Olivares; y la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Cecilia Valdés. La conversación se centró en la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los sistemas, el intercambio oportuno de información y la coordinación para enfrentar las economías ilícitas.

Finalmente, un segundo panel, con la participación del exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, y Romina Garrido, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, abordó los desafíos asociados a la prevención del delito, la seguridad de los datos y las nuevas regulaciones en esta materia.