En entrevista con la revista especializada Justice Trends, el jefe de cartera entregó su parecer respecto de hacia donde debiesen apuntar las políticas públicas y de estado para dar solución a la serie de conflictos que se viven en el sector penitenciario.

El ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, abordó el avance de los servicios penitenciarios chilenos a través de reformas estratégicas. En la ocasión, apuntó al plan de infraestructura, reinserción y el uso que debiese darse a la cárcel en nuestro país.

Respecto del plan de infraestructura carcelaria pensada a largo plazo, el jefe de cartera se refirió al complemento que el desarrollo de este debe llevar aparejado, y el que consiste en adaptar también las políticas penitenciarias y de ejecución de penas para abordar los problemas que presenta el crimen organizado en la actualidad.

Atendido lo primero, el ministro Cordero destacó que: “En Chile, el modelo de participación público-privada se caracteriza por la construcción y explotación de servicios complementarios de la prisión por manos de privados, mientras que la seguridad y la reinserción están a cargo del Estado”.

 “Aproximadamente el 38% de las personas privadas de libertad se encuentra en establecimientos de administración público-privada”, agregó la autoridad.

Como ya se ha señalado en ocasiones anteriores, el ministro volvió a relevar el que ninguna política penitenciara de largo plazo puede sostenerse solamente pensando en el aumento de plazas.

En este sentido indicó que: “Nuestro enfoque se centra en administrar la sobrepoblación, a la vez que modernizamos las infraestructuras penitenciarias, con un plan maestro, pero teniendo en consideración el uso racional de la cárcel”.

A su vez recordó el problema que significa para el país y para la lucha en contra del crimen organizado el hacinamiento en términos generales “Es fundamental entender que el uso excesivo de la cárcel puede, a largo plazo, beneficiar a las organizaciones criminales, toda vez que los centros penitenciarios se pueden convertir en espacios de reclutamiento si no se aplican políticas adecuadas de segregación y reinserción”.

Revisa aquí la revista: JUSTICE TREND