La iniciativa busca identificar factores que puedan incidir en este tipo de situaciones y, que a su vez, permitan elaborar estrategias acordes a la realidad de cada establecimiento a intervenir.

Minimizar la ocurrencia de muertes por agresiones al interior de recintos penitenciarios, es el objetivo del Plan de Intervención Preventiva de Unidades Penales anunciado esta mañana por el Ministro de Justicia y Derechos, Jaime Gajardo Falcón, junto al Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine y el Director Nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma.

Si bien las cifras de personas privadas de libertad fallecidas por este concepto se han mantenido estables en los últimos años, – pese al crecimiento sostenido de la población penal y a un cambio en el perfil de los internos, más refractarios y violentos-, la iniciativa busca la adopción de medidas tendientes a identificar aquellos factores que puedan incidir en este tipo de situaciones y, que a su vez, permitan elaborar estrategias acordes a la realidad de cada establecimiento.

Al respecto, el ministro Gajardo sostuvo que “hemos tomado la firme decisión de intervenir aquellos recintos penitenciarios donde se han producido más episodios de agresiones entre internos con resultado de muerte. Las unidades ya las tenemos identificadas y para ello, hemos instruido a Gendarmería para que conforme un equipo multidisciplinario, que en una primera fase nos entregue información sistematizada para encaminar esa intervención y luego aplicarla de manera focalizada en cada recinto, de acuerdo a sus propias características y particularidades”.

La intervención apunta precisamente a aquellas unidades penales donde las agresiones entre internos con resultado de muerte han sido más reiterativas en los últimos años, considerando variables como perfil de los involucrados (compromiso delictual, tipo de delito, edad y comportamiento, entre otros), y factores como infraestructura, horario de la agresión y circunstancias en que se produjo.

Así, el Plan permitirá disponer de mayores insumos para la clasificación y segmentación de la población penal; la planificación de procedimientos de registro y allanamientos focalizados; una revisión del estado operativo del equipamiento del personal que interviene ante este tipo de situaciones; la eventual creación o fortalecimiento de los equipos de reacción primaria de cada establecimiento; desarrollo de análisis de inteligencia penitenciaria sobre eventuales conflictos; y la implementación de planes específicos de intervención psicosocial y oferta programática, entre otros.

“Este es un desafío particularmente complejo y difícil si consideramos que la resolución de conflictos por la vía de la violencia es un elemento transversal de todo sistema penitenciario, así como la lógica con que los internos entienden las relaciones de poder, no obstante, debemos agotar todas las instancias para avanzar en ese objetivo”, cerró el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.