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20 de marzo de 2025

Ministerio de Justicia y DDHH presenta avances del Plan de Trabajo de condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad

Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, se realizó en la Escuela de Gendarmería de Chile la jornada “Avances del Plan de Trabajo de Mejoramiento de Condiciones Carcelarias de Mujeres Privadas de Libertad”, espacio donde se dieron a conocer los resultados en la implementación de esta iniciativa.

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Este plan aborda de manera prioritaria las condiciones carcelarias de las mujeres privadas de libertad, estableciendo acciones y medidas en implementación para mejorar su calidad de vida dentro de los recintos penitenciarios y fortalecer el reconocimiento de sus derechos. Además, busca promover estándares internacionales en el tratamiento penitenciario con enfoque de género y derechos humanos, garantizando condiciones más dignas y oportunidades efectivas de reinserción social.

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Sobre estos avances, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, destacó que: “Este es un plan inédito en nuestro país, es un plan que surge precisamente porque las mujeres privadas de libertad, a pesar de ser casi 5.000 personas que se encuentran privadas de libertad, se han encontrado históricamente invisibilizadas dentro del sistema penitenciario.”

 “Nuestro país tiene la triste estadística de ser uno de los países que más mujeres encarcela en el mundo. Y esa es una estadística compleja, es una estadística de la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo, y por lo mismo crear este plan de condiciones penitenciarias para nosotros es tan relevante. Este, como les decíamos, tiene medidas de corto, mediano y largo plazo, trabaja, además hemos podido hacer un trabajo diferenciado según el tipo de mujer privada de libertad que se encuentra, el tipo de condena que tiene esta mujer, el tipo de también delito por el cual se encuentra imputada. Sabemos que las redes de apoyo son muy diferentes para el caso de las mujeres que para el caso de los hombres.”, puntualizó el secretario de Estado.

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Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quientanilla, señaló que: “No solamente es importante desarrollar políticas que tengan alcances de corto, mediano y largo plazo, sino que es importante que esas políticas puedan ir revisándose periódicamente. La realidad cambia constantemente, tenemos que ir ajustando las respuestas que podemos dar desde el aparato estatal y desde el aporte que puede hacer cada uno de los distintos sectores. En este trabajo, el Ministerio de Justicia, por cierto, lidera una labor importante, pero sin la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y, por cierto, de la sociedad civil, ninguno de estos avances sería posible ni sostenible en el tiempo.”

La jornada contó con un conversatorio entre Paula Margotta, del Equipo de Protección de Unicef ​​Chile; Ana María Arriagada , presidenta del Colegio Médico , y una exposición de Alejandrina Tobar Vásquez, directora ejecutiva de Leasur ONG. También participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Protección materno-infantil

Como parte de la jornada, la Subsecretaría de Derechos Humanos presentó el Proyecto de Ley de Protección Materno Infantil, el cual busca garantizar condiciones dignas para mujeres privadas de libertad embarazadas y sus hijos e hijas lactantes.

Asimismo, en la jornada se expusieron los resultados del Estudio sobre percepciones de la Ley de Protección Materno Infantil en mujeres gestantes y gendarmes del CPF de San Joaquín , desarrollado por Leasur ONG.

Finalmente, la jornada cerró con un conversatorio en el que participaron representantes de Unicef ​​Chile, el Colegio Médico y Gendarmería de Chile, quienes abordan los desafíos pendientes en la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad y sus hijos/as, reafirmando la necesidad de avanzar en políticas con perspectiva de género y derechos humanos.