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[LOS RÍOS] Seremi de Justicia constató medidas contra coronavirus en complejo penitenciario de Valdivia
El trabajo en terreno, se realizó en conjunto con el defensor regional y el director regional de Gendarmería en Los Ríos, donde se revisaron las medidas que se están implementando para prevenir contagios de la pandemia.
Una visita inspectiva al Complejo Penitenciario de Llancahue en Valdivia, realizó el seremi de Justicia y DDHH de Los Ríos, Rodrigo Oñate Betanzo. La actividad se realizó para ver en terreno una serie de medidas que está realizando Gendarmería de Chile en los recintos penitenciarios para prevenir el contagio del Coronavirus.
El seremi estuvo acompañado por el defensor regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, y el director regional de Gendarmería, coronel Juan Navarrete, quien explicó en detalle el trabajo que desarrolla la institución con el personal, los internos y sus familiares para prevenir contagios del Coronavirus al interior de la cárcel.
Tras recorrer el recinto, Oñate destacó que “realizamos una visita inspectiva al Complejo Penitenciario de Llancahue, donde pudimos constatar una serie de medidas adoptadas por Gendarmería para prevenir el contagio del Coronavirus. Entre ellas, se destacan: zonas de aislamiento y de atención médica en la eventualidad que exista algún contagiado, implementación de sistemas de video conferencia a fin de evitar las visitas presenciales de los familiares y la vacunación contra la influenza de la población penal y los funcionarios de gendarmería, entre otras medidas”.
Las autoridades también visitaron las salas de audiencia que se han dispuesto para que los internos puedan realizar las audiencias judiciales sin necesidad de que sean trasladados fuera del recinto penal. Además, el seremi de Justicia conversó con el defensor regional y el director regional de Gendarmería, respecto a los alcances que tendría el proyecto de indulto conmutativo para internos que son población de riesgo al interior de las cárceles y que fue aprobado por el Congreso. La iniciativa tiene una resolución pendiente del Tribunal Constitucional, que mientras no se resuelva, no podrá implementarse.