SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Misión institucional
Garantizar el acceso a la justicia mediante la modernización y especialización de la oferta programática, diseñando e implementando normas y políticas públicas para la protección de los derechos de las personas, fiscalizando eficazmente a las personas jurídicas sin fines de lucro, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la seguridad pública, a través de una reinserción social efectiva, todo ello con enfoque de derechos, perspectiva de género, probidad, transparencia; con equipos de trabajo altamente calificados y comprometidos con la función pública.
Objetivos estratégicos
1.- Modernizar el ordenamiento jurídico y del sistema de administración de justicia, a través de reformas y modificaciones legales, que permitan establecer procedimientos judiciales más oportunos, eficientes y transparentes adecuados a las necesidades de las personas y mejorar la fiscalización a las corporaciones y fundaciones.
2.- Mejorar los sistemas penitenciarios y de reinserción social de personas adultas y jóvenes, a través del perfeccionamiento del marco jurídico institucional e impulsando la generación de una oferta programática con la participación de otras carteras de Estado, del sector privado y de la sociedad civil, diseñando acciones tendientes a reformar intervenciones especializadas para mujeres y hombres, para así mejorar la habitabilidad en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
3.- Mejorar los mecanismos para la resolución temprana de conflictos con enfoque de derechos, con una oferta especializada orientada a resolver adecuadamente las necesidades de las personas a través de la ampliación de la cobertura de la asistencia jurídica contribuyendo de esta forma a la paz social.
4.- Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad civil, garantizando la calidad de atención y accesibilidad para todas las personas, tanto naturales como jurídicas, mediante los servicios del sector Justicia y Derechos Humanos, así como de la facultad de fiscalización de la cual se dispone, con un trato equitativo y no discriminatorio, a través de una cultura de probidad y transparencia, permitiendo incrementar la satisfacción de las personas usuarias que acceden a nuestros Servicios.
Resultados esperados para el periodo(*)
1.- Modernizar el ordenamiento jurídico y del sistema de administración de justicia, a través de reformas y modificaciones legales, que permitan establecer procedimientos judiciales más oportunos, eficientes y transparentes adecuados a las necesidades de las personas y mejorar la fiscalización a las corporaciones y fundaciones.
Una vez publicada la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, corresponde preparar la implementación del servicio nacional, elaborando los reglamentos y otras normas contenidas en el proyecto; preparando la información necesaria para los traspasos de personal que deberán efectuarse.
Así mismo, se continuará con la tramitación de la reforma constitucional que permite modificar el actual mecanismo de nombramiento judiciales, entre otras medidas, a fin de que pase a ser ley al cierre de este año, a fin de que este proceso se oriente al mérito y la transparencia.
Respecto la fiscalización de corporaciones y fundaciones, se trabaja en el Anteproyecto de ley que crea el registro unificado de personas jurídicas sin fines de lucro, y fortalece la fiscalización de las corporaciones y fundaciones.
Con el objeto de hacerse cargo de los nudos críticos presentados por los informes técnicos emanados de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP); la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado (Comisión Jaraquemada) y la Mesa Técnica del Ministerio de Justicia y DDHH, para el estudio del modelo registral chileno de corporaciones y fundaciones, esta secretaría de Estado ha diseñado una propuesta de reforma legal que permitirá a la Administración tener un mayor control en la constitución, registro y fiscalización de las personas jurídicas sin fines de lucro, en especial de las corporaciones y fundaciones a que se refiere el título XXXIII del libro I del Código Civil.
En concreto, el anteproyecto aborda los siguientes objetivos:
a) Centraliza el proceso de obtención de personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones del referido título XXXIII.
b) Fortalece las herramientas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para fiscalizar a dichas organizaciones.
c) Establece un sistema nacional, unificado e interoperado para el registro no sólo de estas organizaciones, sino que también de todas las personas jurídicas sin fines de lucro.
2.- Mejorar los sistemas penitenciarios y de reinserción social de personas adultas y jóvenes, a través del perfeccionamiento del marco jurídico institucional e impulsando la generación de una oferta programática con la participación de otras carteras de Estado, del sector privado y de la sociedad civil, diseñando acciones tendientes a reformar intervenciones especializadas para mujeres y hombres, para así mejorar la habitabilidad en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
a) Infraestructura Penitenciaria
Conforme a lo establecido en el plan de infraestructura carcelaria, se avanzará en los proyectos programados para ser licitada su construcción durante el año 2025 y 2026, correspondientes a ampliación o densificación de recintos. De esta forma, se espera efectuar este año la contratación de obras para la densificación del Centro Concesionado de Antofagasta, que aportaría 232 nuevas plazas al sistema penitenciario, y del CP de Biobío, el que a través de su densificación sumará 285 plazas más. En coordinación con el MOP, se desarrollarán las acciones tendientes a avanzar en los procesos asociados ampliación y recuperación de centros con miras al año 2026.
b) Modelo de Reinserción Social de Adultos
Con la aprobación del modelo, se trabajará en conjunto con Gendarmería para su aplicación a nivel nacional, con especial énfasis en el sistema cerrado. Esto último se concretará mediante la implementación de la norma técnica del sistema cerrado, documento que instruye su implementación, y contiene los lineamientos técnicos específicos para su aplicación, determinando el que, como, cuando, y a quienes serán sujeto de la intervención.
Junto a lo anterior, se fortalecerá la oferta programática disponible para las personas con perfiles más complejos mediante la actualización del Programa de Reinserción Social que se focaliza en aquellas con mayor riesgo de reincidencia, y por último se avanzará en la implementación del sistema de medición de la reincidencia delictiva abarcando una mayor cantidad de casos a ser incorporados en la base de datos, lo que permitirá concluir el año 2025 con la consolidación de información de la población atendida por Gendarmería desde el año 2016 al año 2023.
c) Política Nacional de Reinserción Social Juvenil
A partir de la política de reinserción social juvenil, y la aprobación del plan de acción por parte de la Comisión Nacional de Reinserción social juvenil, con una vigencia de cinco años, se trabajará en los planes regionales que deberán ejecutar los comités Operativos regionales, materializando las acciones que permitan la implementación de las medidas comprometidas a corto plazo (un año), mediano plazo (tres años) y largo plazo (cinco años).
El seguimiento del Plan se efectuará por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y la primera evaluación se efectuará en el último trimestre del año. En base a dicha evaluación se definirá si se requiere introducir modificaciones en el Plan.
3.-Mejorar los mecanismos para la resolución temprana de conflictos con enfoque de derechos, con una oferta especializada orientada a resolver adecuadamente las necesidades de las personas a través de la ampliación de la cobertura de la asistencia jurídica contribuyendo de esta forma a la paz social.
Con la finalidad de monitorear y controlar la prestación del servicio de mediación familiar, se realizará aplicación de una nueva Pauta de Evaluación de la Calidad de la Práctica Mediadora, en procesos reales de mediación familiar, ya sean presenciales o remotos por videoconferencia, pertenecientes a los Centros de Mediación contratados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
También, relacionado con la prestación de mediación familiar, se fomentará el uso del nuevo portal, recientemente puesto en marcha en el mes de marzo, el cual permie mejorar la experiencia de nuestras personas usuarias ale incorporar una nueva funcionalidad, además de permitir centralizar las consultas a través de un mismo canal, para así dar respuestas más precisas y estandarizadas, junto con generar métricas que faciliten el análisis de las consultas recibidas, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la calidad del servicio entregado a los usuarios.
4.- Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad civil, garantizando la calidad de atención y accesibilidad para todas las personas, tanto naturales como jurídicas, mediante los servicios del sector Justicia y Derechos Humanos, así como de la facultad de fiscalización de la cual se dispone, con un trato equitativo y no discriminatorio, a través de una cultura de probidad y transparencia, permitiendo incrementar la satisfacción de las personas usuarias que acceden a nuestros Servicios.
Comisión especial para determinar verdad sobre vulneraciones a las víctimas del SENAME:
Durante el año 2025, la Comisión iniciará el proceso de búsqueda y escucha de víctimas, a fin de recibir sus relatos. Asimismo, el inicio de la sistematización de la información que se obtenga de distintas fuentes, que permitan no solo reconstruir la verdad histórica, sino también individualizar a las víctimas y establecer la vulneración vivida. En septiembre de 2025, la Comisión se encuentra realizando el proceso de escucha en regiones.
Durante el segundo semestre de 2025, junto con cerrar el proceso de escucha, se debe elaborar el informe por parte de la Comisión y las propuestas de medidas destinadas a generar los procesos de reparación.
(*) Fuente de información: Cuenta Pública Participativa 2025 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Desafíos 2025-2026.
