SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL
Misión institucional
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N°20.084 mediante la elaboración e implementación de políticas y programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la reinserción social de los jóvenes.
Objetivos estratégicos
1.- Asegurar la calidad de los programas de intervención en los distintos tipos de medidas, sanciones y mediaciones contempladas en la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal juvenil, a través de los estándares para la aplicación del Modelo de Intervención Especializada (MIE), orientado a contribuir al abandono de la conducta delictiva y la integración social, con perspectiva de género.
2.- Asegurar la articulación con la red intersectorial para que provean el acceso de adolescentes y jóvenes sujetos de atención del servicio, a programas complementarios que respondan a sus necesidades específicas y que contribuyan al proceso de reinserción social.
Resultados esperados para el periodo
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil cuenta, desde noviembre de 2025, con la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y su Plan de Acción Nacional 2025-2030, el primer instrumento de este tipo en el país. El Plan reúne 127 medidas y 134 indicadores, con la participación de más de 20 instituciones del Estado en 7 sectores, y se despliega también mediante Planes de Acción Regionales, ya aprobados y en funcionamiento en todas las regiones a través de los respectivos Comités Operativos Regionales. A marzo de 2026, un 47% de las medidas de corto plazo ya se encuentra terminado y un 38% en proceso. Para el período 2026-2030, el Servicio es responsable directo de 17 medidas de mediano y largo plazo (2027 y 2029, respectivamente).
Se espera además consolidar el Programa de Mediación Penal Juvenil (que acumula 1.564 derivaciones desde su inicio en 2024) extendiendo su cobertura a la macrozona centro del país durante 2026, en el marco de un nuevo protocolo interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, firmado en enero de 2026.
Un desafío prioritario para el período es la consolidación del Expediente Único de Ejecución (EUE) como plataforma de Reportabilidad interconectada, avanzando en el corto plazo en la información disponible para el circuito judicial y, en el mediano plazo, en su interoperabilidad con los sistemas de salud y educación.
Asimismo, se espera avanzar hacia indicadores de resultados propios del Servicio (más allá de los actuales indicadores de proceso) a través de estudios en curso sobre reincidencia, entre ellos uno junto a la Fundación Paz Ciudadana y una evaluación de impacto financiada por DIPRES desarrollada junto a las universidades Católica de Chile y Princeton.
Finalmente, se proyecta continuar el mejoramiento de la infraestructura de los centros de Internación Provisoria y Régimen Cerrado del Servicio y se consolida la dotación institucional en el año 2026.
