DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Misión institucional
Somos un servicio fundamental que garantiza el acceso a la justicia entregando defensa penal de alta calidad, con perspectiva de género, resguardando la dignidad y los derechos humanos de las personas que representamos y con especial atención a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Objetivos estratégicos
1.-Mejorar continuamente la calidad de la defensa técnica de todas las personas representadas, resguardando sus derechos e intereses, con perspectiva de género; a través del cumplimiento de los estándares del proceso penal, los manuales de actuaciones mínimas, y el perfeccionamiento permanente de sus defensores.
2.- Mejorar la atención de las personas usuarias y la comunidad en general, mediante el fortalecimiento de los canales de atención y la entrega de información oportuna, con enfoque de género.
3.- Aumentar la cobertura especializada de prestación del servicio de defensa en todas las etapas del proceso penal, otorgando una respuesta con pertinencia cultural y perspectiva de género, acorde a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: adolescentes, mujeres, LGBTQI+, indígenas, migrantes, privadas de libertad, y con problemas de salud mental.
4.-Aumentar el conocimiento del rol de la Defensoría Penal Pública y de los derechos de las personas imputadas y/o condenadas, a través de la realización de acciones de difusión, enfocada a las personas usuarias y a la comunidad en general, con énfasis en los valores de una justicia abierta y principios de igualdad de género.
Resultados esperados para el periodo
1. Se estima atender a 480.000 imputados con causas vigentes e ingresadas al año, de los cuales se espera finalizar el proceso penal del 60% de ellos.
2. Se estima recibir a 12.000 imputados en defensa indígena, de los que se pretender atender al 88% con defensa especializada.
3. Se estima recibir a 12.000 imputados en defensa adolescentes, de los que se pretende atender al 88% con defensa especializada.
4. Se estima recibir a 24.000 imputados en defensa migrantes y extranjeros, de los que se pretender atender al 54% con defensa especializada.
5. Se estima alcanzar 50.000 imputados privados de libertad con exigibilidad de audiencia de revisión de medida cautelar, de los que se pretende realizar el 47% de audiencias de revisión de medida cautelar.
6. Fortalecimiento de la ciberseguridad institucional y cumplir con la ley de Transformación Digital.
7. Licitar la reposición de 130 equipos de defensa penal
(*) Fuente de información: Sistema de gestión de Defensa Penal (SIGDP)
