La iniciativa, presentada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, busca reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia mediante el fortalecimiento de las medidas cautelares, asegurando su continuidad durante la tramitación judicial, incorporando nuevas herramientas frente a la violencia digital y estableciendo mayores consecuencias y mecanismos de fiscalización ante su incumplimiento.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, señaló que “hoy presentamos un proyecto de ley que permitirá asegurar que ninguna víctima quede desprotegida durante la tramitación ante un tribunal de familia o ante la justicia penal. Se trata de un conjunto de modificaciones que fortalecen la legislación existente para reforzar la protección de todas las mujeres”.

Asimismo, el secretario de Estado destacó que la iniciativa incorpora herramientas para enfrentar la violencia ejercida mediante plataformas y medios digitales. “El proyecto de ley también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”, agregó.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, destacó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es “fortalecer las consecuencias para aquellos que incumplen las medidas cautelares”. Asimismo, señaló que “tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y ese es también uno de los focos en los cuales estamos trabajando como Ministerio: no solamente prevenir la violencia contra las mujeres, sino también atenderla, con miras a erradicar la violencia que sufren muchas mujeres en nuestro país”.

Cinco claves del proyecto de ley

1. Las medidas cautelares se mantendrán vigentes cuando una causa pase desde un tribunal de familia a la justicia penal, evitando que las víctimas queden desprotegidas mientras se resuelven cuestiones de competencia entre tribunales.

2. Se incorporará una nueva medida cautelar frente a la violencia digital, para abordar situaciones de agresión y hostigamiento ejercidas a través de medios digitales.

3. Se fortalecerán las consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares y vulneren las prohibiciones o medidas de protección decretadas por los tribunales.

4. Los inspectores de seguridad municipal podrán apoyar la fiscalización del cumplimiento de determinadas medidas cautelares, reforzando las capacidades de control y supervisión.

5. Se establecerán consecuencias frente a la destrucción o daño de dispositivos de monitoreo utilizados para supervisar el cumplimiento de medidas de protección en causas de violencia intrafamiliar.