La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, expresó el firme compromiso gubernamental para avanzar en un marco normativo que sancione adecuadamente todo tipo de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes, al referirse al Día contra la Explotación Sexual Infantil.

El Senado aprobó, en general, el Proyecto de Ley que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. La iniciativa se hace cargo de un problema que no está regulado de forma adecuada en la normativa penal vigente, por lo cual se precisa la tipificación de los delitos y se establecen penas severas. Desde ya, por ejemplo, se termina con el concepto de prostitución infantil, de manera que en cualquier acto de connotación sexual en el que se incluya a menores de edad estos deben ser considerados víctimas.

El proyecto de ley, – que el Ministerio ha estado trabajando junto a la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público- entiende por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución. Se sanciona como un crimen, asimismo, al que produzca, almacene, comercialice, distribuya, adquiera o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años.

La ministra Ríos subrayó que el proyecto “combate un modo de grave violencia cometida contra niños niñas y adolescentes (NNA), que constituye un atentado grave contra sus derechos y una coerción equiparable al trabajo forzoso, esto es una forma contemporánea de esclavitud que se aplica contra quienes son los más vulnerables, los y las menores de edad”.

La secretaria de Estado agregó que “se requiere urgentemente implementar medidas para prevenir y sancionar adecuadamente estas prácticas”. Además, reiteró antecedentes entregados en el Senado, en cuanto a que desde el año 2014 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado (a través del Programa Mi Abogado) 114 querellas, de las cuales en 97 casos la víctima es una niña.