Congreso despacha proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes 27 el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, iniciativa impulsada por el Gobierno que busca mejorar la capacidad investigativa del ente persecutor, aumentar su dotación y reforzar la atención a víctimas y testigos. La iniciativa será enviada por el Congreso al Tribunal Constitucional para su revisión, previo la fase de promulgación por el Ejecutivo.
La propuesta apunta a dotar al Ministerio Público de mayores herramientas para la investigación y persecución penal, con foco en la distribución territorial, el volumen de causas y la protección de víctimas y testigos de delitos, incorporando además ajustes orgánicos internos y nuevas instancias de supervisión.
En la instancia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, destacó que “este es un proyecto bastante central para nosotros como Gobierno y creemos que es muy importante para el sistema de justicia. Esta es una iniciativa que refuerza el personal para la tramitación de las causas; fortalece la atención de víctimas y testigos; crea una unidad de supervisión con el objeto de hacer más eficaz y evaluar la persecución penal que está llevando adelante el Ministerio Público; y se reestructuran las funciones del Ministerio Público. Para eso, este proyecto implica una gran cantidad de recursos públicos”.
Asimismo, sostuvo: “Agradecemos el apoyo transversal que hemos tenido de diputados y diputadas, senadores y senadoras. Este es un gran paso, tanto el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial, significan que el Ministerio Público tiene todas las atribuciones para combatir el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, y ahora un fortalecimiento estructural con el objetivo de entregarle a la ciudadanía lo que requiere para la persecución penal”.
Entre sus principales lineamientos destacan:
- Incremento de dotación de fiscales y funcionarios.
- Unidad de supervisión para mejorar estándares y evaluar la persecución penal.
- Reforzamiento de la atención a víctimas y testigos.
- Mejor distribución territorial, considerando cargas de trabajo y volumen de causas.
- Mejoras en gestión y estándares de calidad institucional.
