Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal aborda la construcción de la Política Pública Penitenciaria
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero junto a la la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, presidió una nueva sesión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, instancia que reúne a las principales autoridades del sector justicia.
En la reunión se abordó el diagnóstico y la propuesta de trabajo para la elaboración de una Política Penitenciaria orientada al desarrollo del sistema penitenciario en los próximos 10 años, la cual abarca ejes fundamentales, como reinserción, seguridad, personal penitenciario e infraestructura.
El Ministro Cordero subrayó la importancia de la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, destacando que “la seguridad y efectividad en la respuesta ante situaciones críticas dependen de un trabajo conjunto que garantice la protección de los ciudadanos y la correcta operatividad del sistema”.
En la sesión participó el Defensor Penal Público, Carlos Mora; el Director Nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra; la Directora Implementadora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez; la Directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado; y la Directora del Servicio Nacional de Menores; María Eugenia Fernández Alvear.
Estuvieron presentes el Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado y la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli como signo del trabajo interinstitucional entre los Ministerios de Salud y Justicia y Derechos Humanos.
Además participó el Director de Justicia y Auditor General de Carabineros, General Jaime Elgueta; la Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, General Karina Soza; la Jefa del Departamento Jurídico de la Policía de Investigaciones de Chile;Prefecta Inspectora Maricela Gárate Vergara y el Consejero del Colegio de Abogados, Matías Insunza.
En la instancia también se presentó un informe sobre la situación de la Red Nacional de Psiquiatría Forense, cuyo diagnóstico reveló importantes desafíos en la atención de personas privadas de libertad que requieren asistencia psiquiátrica, con compromisos para continuar desarrollando estos aspectos en las próximas reuniones.
