Este lunes se cumplen 4 meses desde que el abogado y ex dirigente sindical, Samuel Navarro Castro, asumiera la cartera de Justicia y Derechos Humanos en la región de Aysén, en la que fuera designado por el Presidente Gabriel Boric Font, este tiempo lo evalúa favorablemente, ya que le ha permitido conocer las principales temáticas del sector, coordinar el trabajo con los servicios dependientes y relacionados, llevar a cabo una agenda centrada en tres pilares fundamentales que van desde acercar los servicios a la comunidad, impulsar fuertemente la política de transversalización en materia de enfoque de género, y de respeto y promoción de los DDHH, tanto para las víctimas del estallido social, como de la dictadura, pero también de la comunidad en general y entregar nuevas oficinas o mejoras de las existentes, que las conviertan en el más breve plazo en espacios seguros, cómodos y acogedores, tanto para los usuarios como para los trabajadores y trabajadoras, y con una presencialidad en un 100%.

Para conocer cómo han sido estos primeros meses en el cargo, le consultamos respecto a las diversas áreas en la que ha centrado su trabajo, así también respecto a los desafíos que afronta a diario, y que en ocasiones lo ha llevado a asumir funciones en la Delegación Presidencial Regional, y que ha tratado de desarrollar de la mejor manera.

¿Cómo ha sido su instalación en el cargo?

Yo la califico de muy buena, aunque venga de cerca la recomendación, pero sobre todo me gustaría señalar que ha sido un aprendizaje importante, el que se facilita con la disposición de los trabajadores y trabajadoras, tanto de la propia seremi, como de los servicios dependientes, y también contribuye a ello, la disposición de poner en primer término la capacidad de escucha activa, con los usuarios, que tienen muchas expectativas, así también con las asociaciones de trabajadores y trabajadoras, con los mismos directores y directoras de los servicios, que han informado permanentemente en que están sus instituciones, cuales son los proyectos y programas en ejecución y que se han puesto a disposición de profundizar las políticas y los énfasis de esta administración, tanto en desafíos propios de la cartera como de políticas transversales que estamos trabajando en materia de equidad de género, de derechos humanos, en materia de verdad justicia, reparación y memoria, y de acercamiento de los servicios de justicia a la ciudadanía, mejorando las instalaciones y atenciones a la comunidad.

¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha debido afrontar en estos primeros 4 meses de gestión?

Bueno, en una primera etapa nos avocamos a ver y conocer la realidad de los servicios con posterioridad a la etapa más crítica de la pandemia, impulsando con fuerza la presencialidad, con los resguardos sanitarios vigentes que nos permitan continuar la atención de público y continuidad de nuestra labor en forma segura, tanto en la seremi, como en los servicios dependientes, que pudieran estar más rezagados con el retorno. Verificar el estado de las instalaciones es vital y ver en terreno como se va desarrollando la labor también fue un desafío dado lo extenso del territorio, las condiciones climáticas y de vialidad también, que aportan su cuota de dificultad, pero con el compromiso y disposición de funcionarios y autoridades pudimos concretarlo. Constatar también en algunos casos cierta precariedad de infraestructura, o falta de acceso universal en otras, nos parece que nos obliga a trabajar y avanzar en proyectos para corregir ello, sé que hay una buena disposición de funcionarios y funcionarias, muy profesionales, pero nuestra obligación es proporcionar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de su trabajo pues de esa forma cumplen el rol de una buena atención a la comunidad, que es el objetivo final.

En estos primeros meses de gestión, le ha tocado asumir la subrogancia de la Delegación Presidencial Regional, ¿cómo ha sido ese proceso?

Bueno, algo inesperado y que evidentemente no he buscado, pero ha sido un enorme desafío el cual he intentado desarrollar de la mejor manera, compatibilizando ciertamente, en la medida de lo posible esa función, con mi trabajo principal en esta seremi. Agradezco, sin duda, la confianza del Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales, quien estimó que podría asumir dicho rol. Ahora bien, ello exige una mayor responsabilidad, pero también permite adquirir e imbuirse de materias de otras carteras y áreas, teniendo una visión más amplia de la región y del aparato público, y de alguna forma contribuir desde los conocimientos propios y experiencia a dichas labores de gobierno.

¿Cómo se ha dado el trabajo con los servicios dependientes y relacionados del sector?

Bueno ha sido un trabajo cercano, permanente y de colaboración recíproca. Si bien son seis servicios, cada uno con sus particularidades, cada uno de ellos tiene jefaturas, directivos, profesionales, técnicos, y administrativos, comprometidos con su función pública. Como si fuesen hijos o hijas de una gran familia, cada uno tiene sus proyectos y desafíos regionales, en el contexto de nuestro territorio, sus características y las funciones propias, pero con el objetivo permanente de ofrecer una mejor atención permanente a la ciudadanía, en ese sentido, eso ayuda en el trabajo conjunto a desarrollar, sin duda que hay trabas o dificultades, pero con un trabajo sostenido, serio y controlado, estamos sacando adelante y desatando esos nudos, que a veces están en otras áreas, y es allí donde el trabajo político e intersectorial entra a jugar un rol, que desarrollamos a diario.

Ya ha podido recorrer las instalaciones de los servicios dependientes y relacionados a nivel regional, ¿cuál es su evaluación y que demandan de manera urgente dichos servicios y sus funcionarios?

Si en efecto, creo que ya he podido en estos meses visitar, la gran mayoría de las instalaciones, tanto en Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochrane y Chile Chico, de los distintos servicios y unidades, y la verdad en general hay un buen estándar de oficinas, no obstante encontramos algunas situaciones puntuales, que personalmente no corresponden, como la falta de acceso universal para personas mayores o en situación de discapacidad en algunas oficinas, cierta precariedad o deficiencia en otras, pero viendo la parte llena del vaso, estamos trabajado en sacar adelante las mejoras de éstas, en el corto, mediano y largo plazo. Por otra parte encontramos algunas deficiencias que lamentablemente se arrastran por años, lo que no es una justificación, sino por el contrario, nos exige actuar prontamente con la solución y nos hemos puesto como metas, sacarlas adelante al menos en esta administración, para dejar las cosas mejor de como las encontramos, entregando no solo un espacio de trabajo mejor, sino en corregir esto de que hay una “justicia para ricos” y “una justicia para pobres” que no pueden pagar y que como se les entrega un servicio gratuito, “deben” aceptar esas condiciones, creo que hay que partir corrigiendo por allí, y no basta la excusa de que siempre ha sido así, eso es un conformismo inaceptable, que queremos eliminar, junto con la eventual mala atención que pudiera haber y la mala infraestructura que excepcionalmente se ofrece. Hay proyectos en curso, otros en etapa de diseño y unos pocos que recién se están poniendo entre las prioridades a corregir, pero con optimismo de que se pueden resolver.

Uno de los temas que ha sido una constante en los últimos años a nivel regional es la situación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, ¿hay alguna novedad respecto a mejoras o la posibilidad de contar con un nuevo recinto penal?

Es una muy buena pregunta; ya antes de asumir hablé con varios ex seremis que pasaron por esta cartera, para conocer esa situación y luego también con diversas autoridades regionales de Gendarmería y profesionales de la institución, además de conocer la unidad y sus requerimientos, si bien esto es un anhelo, hay que ser realistas, y considerando que tenemos una baja población penal de personas privadas de libertad, no solo en Coyhaique, sino incluso a nivel regional, (algo que es positivo evidentemente), pero esos mismos números hacen inviable la construcción de un nuevo centro penitenciario en Coyhaique, más aún las estadísticas de ocupación de plazas disponibles, comparativamente con otras regiones u otros penales hacia el “norte”, nos hacen ver que estamos en un rango aceptable, no pudiendo constituirse un centro penitenciario nuevo, en una prioridad nacional, ni en el corto, ni en el mediano plazo, considerando otras materias, más exigidas, (como un nuevo Hospital Regional por ejemplo), principalmente por los costos asociados. No obstante, trabajamos en dos líneas de trabajo al respecto, una, mejorar la infraestructura existente, que el paso de los años ha deteriorado, con proyectos en ejecución en materia de calefacción y otros en trámite de financiamiento regional relativos a la conservación, y en paralelo a estos proyectos, estamos viendo una opción intermedia, para liberar espacios y redestinarlos y o reutilizarlos para permitir una mejor situación al interior del penal y de trabajo en materia de reinserción social y laboral, no solo a la población privada de libertad en general, sino en particular y especialmente a las mujeres privadas de libertad.

Finalmente, ¿Cuáles son los principales desafíos para el segundo semestre del año?

Hay varios, lo primero continuar con los proyectos de infraestructura en trámite de financiamiento, diseño o ejecución, destrabando los nudos críticos que impiden o dificultan su avance y concreción; paralelamente, debemos y trabajaremos para impulsar fuertemente la política de transversalización en materia de enfoque de género y de respeto y promoción de los DDHH, tanto para las víctimas del estallido social, como de la dictadura, pero también de la comunidad en general; continuaremos con el acercamiento efectivo de los servicios de justicia a la comunidad, mejorando su tecnología, pero también aumentando la presencia en los territorios, y entregando en los casos detectados, nuevas oficinas o mejoras de las existentes, que las conviertan en el más breve plazo en espacios seguros, cómodos y acogedores, tanto para los usuarios como para los trabajadores y trabajadoras, y con una presencialidad en un 100%, en donde aún no se haya repuesto.