La Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil, aprobó por unanimidad el Plan de Acción Intersectorial, instrumento que permitirá implementar operativamente la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil establecida en la Ley N° 21.527.

Este plan, que tendrá una duración de cinco años, fue elaborado por la Comisión Coordinadora Nacional con la participación de representantes de siete sectores del Estado y diversas instituciones públicas. El documento contiene un conjunto de 129 medidas organizadas en torno a nueve objetivos estratégicos, centrados en el respeto a los derechos humanos, la calidad de la oferta programática y el acceso universal a las prestaciones para jóvenes en el sistema de justicia juvenil.

La sesión fue encabezada por la subsecretaria(s) de Justicia, María Ester Torres, junto con la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y contó con la participación de representantes de las instituciones que integran la Comisión: las subsecretarías de Salud Pública, Redes Asistenciales, Educación, Prevención del Delito y Niñez; junto a Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y el Instituto Nacional de Deportes.

Como invitadas, y participantes en el Plan de Acción, asistió la directora del Servicio Nacional de Menores, María Eugenia Fernández; y autoridades de las subsecretarías de las Culturas y las Artes, y de Servicios Sociales.

De igual forma, estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de Deportes, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; Gendarmería de Chile, y la Subsecretaría de la Niñez.

Durante su intervención, la subsecretaria (s) María Ester Torres, destacó que “con la aprobación de este Plan, damos un paso fundamental para materializar el compromiso del Estado con la reinserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Esta hoja de ruta refleja un trabajo colaborativo entre sectores, que reconoce la urgencia de garantizar una oferta programática especializada, con pertinencia territorial y enfoque de derechos humanos”.

Entre las medidas destacadas se encuentra la generación de convenios regionales para asegurar atención oportuna en salud para jóvenes y adolescentes en el sistema de justicia penal; el diseño de un modelo educativo especializado; la ampliación de la oferta deportiva en los centros; y generar acciones que contribuyan a prevenir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

En la misma sesión, se presentó además el inicio del proceso de construcción de los Planes de Acción Regionales, que serán elaborados por el Consejo Operativo Regional adecuándose a las medidas del Plan Nacional y recogiendo las necesidades y fortalezas locales.

El Plan fue construido con la colaboración de otras instituciones públicas que aportaron desde sus competencias sectoriales. Entre ellas se cuentan las subsecretarías de Educación Superior, Vivienda y Urbanismo, las Culturas y las Artes, y Patrimonio Cultural; y los servicios de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de Migraciones, del Patrimonio Cultural, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y el Instituto Nacional de la Juventud.