La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, instancia que contó con la participación del ministro (s) de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Muñoz Lamartine.

De esta forma, la iniciativa, que tuvo apoyo transversal y que busca reducir plazos y trámites administrativos para aumentar la capacidad penitenciaria y mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad del sistema penitenciario, será ley.

Con esta medida, se busca responder al déficit de plazas y disminuir la sobrepoblación penal, mejorando las condiciones de seguridad penitenciaria y favoreciendo la reinserción.

Dentro de los puntos que contiene la iniciativa, se establece que todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos sectoriales deberán resolverse en plazos reducidos a la mitad, y por tanto, si la autoridad pertinente no se pronuncia dentro del tiempo definido, el proyecto se considerará aprobado.

De igual forma se mantuvo la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de ampliación o reparación, también reduciendo a la mitad los plazos para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, respecto de los procesos de participación ciudadana, solo se permitirá a personas o agrupaciones con un interés directo en el proyecto, por ejemplo, residentes en la misma comuna o colindantes.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente a las comisiones de Constitución de ambas cámaras sobre el avance y ejecución de las obras penitenciarias realizadas bajo este régimen especial, vía decreto del Presidente de la República.

Precisamente, el ministro (s) de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Muñoz Lamartine, señaló que, “este proyecto de ley que va a traer una solución muy demandada por la ciudadanía, reducir a la mitad el tiempo para la construcción de cárceles y también reducir sustantivamente el plazo para las ampliaciones y mejoras que el país requiere. Esto nos va a permitir implementar un plan maestro de infraestructura penitenciaria, ya financiado, que al año 2030 nos permitirá agregar más de 15.000 nuevas plazas”.

“La seguridad penitenciaria es seguridad pública y tenemos también varios otros proyectos de ley, por ejemplo, el que crea una Fuerza de Seguridad Especial en Gendarmería, para seguir fortaleciendo a una institución que todos los días se enfrenta al crimen organizado y al crimen duro en las cárceles y requiere que nosotros vayamos fortaleciendo no solamente sus capacidades de infraestructura, sino también el personal y apoyarlo en este tiempo donde tenemos un desafío como país”, agregó la autoridad.