El pasado miércoles 9 de septiembre se realizó el Seminario Online “Dignidad y derechos de los adolescentes privados de libertad, Supervisión de Comisiones CISC y rol del Estado: desafíos y oportunidades”. Encuentro organizado por Academia Humanitas y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos Metropolitana.

El objetivo fue reflexionar, en el marco de la dignidad y derechos reconocidos a los adolescentes privados de libertad, sobre cuáles son los desafíos y oportunidades que existen en materia de mejoramiento del sistema de justicia penal juvenil en Chile, específicamente en relación al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La actividad contó con 220 conexiones simultáneas desde Arica a Punta Arenas, en que estuvieron presentes representantes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, jueces, fiscales y defensores de todo Chile; así como académicos y profesionales expertos y representantes de las Comisiones CISC de todas las regiones, miembros de equipos de trabajo que intervienen con adolescentes en diferentes Centros del país: encargados de caso, interventores clínicos, profesores, funcionarios y algunos adolescentes “infractores de Ley”.

El Encuentro comenzó con una exposición del Abogado Juan Patricio González Reyes, Director de Academia Humanitas y Comisionado CISC de la Región Metropolitana, quien se refirió a la dignidad y derechos de las personas, especialmente de los adolescentes privados de libertad en Centros de Sename, así como los estándares internacionales que constituyen el marco normativo que los mecanismos de control de derechos humanos (en este caso las Comisiones CISC) deben verificar al momento de realizar las funciones de Supervisión de Centros Privativos de Libertad. Asimismo exhortó a los operadores del sistema que se encontraban presente en el encuentro y Comisionados CISC de las regiones, a articularse y propiciar cambios y mejoras en la función de supervisión de Centros, para contribuir en el respeto por la dignidad y derechos de los adolescentes privados de libertad de nuestro país.

Luego, la Abogada Sandra Reveco Valdés, Asesora de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Comisionada CISC, reflexionó sobre los avances que se han logrado en materia de derechos humanos, al interior de los Centros de privación de libertad de adolescentes de la Región Metropolitana, desde el año 2008 hasta ahora; zona que concentra la mayor cantidad de Centros y de jóvenes privados de Libertad en el país. La profesional expuso sobre experiencias de supervisión, así como las instituciones y profesionales expertos que componen este órgano de control y la forma en que se realiza la supervisión y asesoría a los Centros. Así, se revisó la metodología de supervisión y oportunidades que existen actualmente en la materialización de la protección reforzada que busca garantizar los derechos de los adolescentes. Destacó como desafíos la necesidad de sistematizar la información entregada por los jóvenes a los Comisionados; agregar -en las pautas de supervisión- criterios de evaluación con estándares de derechos humanos para la población migrante y transgénero; acceso a la educación, capacitación y prestaciones de salud mental para los jóvenes.

Finalmente la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos Metropolitana, Carolina Lavín Aliaga, se refirió al rol del Estado en materia de ejecución de medidas y sanciones privativas de libertad de adolescentes infractores y valoró el trabajo que realizan los funcionarios de Sename y Gendarmería, invitándolos a desarrollar procesos de cambio y mejora en el servicio. Así también destacó los desafíos que existen para los órganos de supervisión de Centros y lo importante de avanzar en una articulación nacional de las Comisiones CISC, que permita el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el control de los derechos humanos. Por otro lado se refirió a la necesaria especialización de los jueces y las policías; educación ý habilitación de los jóvenes para una adecuada reinserción y la implementación de nuevos modelos de gestión que aseguren una intervención que respete la dignidad de los adolescentes.

Los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar a través de la plataforma y compartir sus inquietudes y comentarios con los expositores. Diálogo que los organizadores esperan mantener, para acompañar los procesos de cambio que el sistema de justicia penal adolescente requiere en el país, especialmente en materia de dignidad y derechos de los jóvenes privados de libertad y su incidencia en la mejora continua de las condiciones de vida digna que debe acompañar la reclusión y reinserción social, poniendo énfasis en la promoción de oportunidades que permita el pleno desarrollo de los adolescentes.

Finalmente los expositores invitaron a los presentes a seguir aportando en el mejoramiento del sistema de justicia penal; se valoró el aporte de los profesionales, funcionarios y educadores que intervienen directamente con jóvenes y permiten los avances en la reinserción de los jóvenes; y se hizo un llamado al Poder Legislativo para aprobar la Ley de Garantías para los niños, niñas y adolescentes.

La Comisión CISC es un mecanismo no jurisdiccional de supervisión, control externo y asesoría en las condiciones de los centros privativos de libertad y de los derechos de los adolescentes que cumplen sanciones privativas de libertad o la medida cautelar de internación provisoria y cuyo marco de referencia son los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Este órgano se encuentra regulado en el Reglamento de la Ley Nº 20.084 y entre sus funciones se encuentra asesorar en el debido respeto de los derechos de los adolescentes y de sus condiciones de vida al interior de los Centros de privación de libertad; solicitar informes de las autoridades públicas pertinentes; y realizar recomendaciones a las autoridades e instituciones públicas y privadas correspondientes; y enviar su informe al Ministerio de Justicia, formulando las propuestas que le parezcan necesarias para el  mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes en los referidos centros.