El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, junto al Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, inauguraron el 6° Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia, desarrollado en Rancagua y organizado por el Poder Judicial.

Durante los tres días de duración de esta actividad se abordarán, a través de exposiciones de expertos nacionales e internacionales, temas como la autonomía progresiva y el interés superior del niño y la niña; la Ley de Garantías y Tutela Administrativa; un análisis del sistema de filiación a 25 años de la Ley 19.585 y el Derecho de Alimentos.

El Ministro Cordero, en su intervención, expresó su profundo agradecimiento a la Asociación Nacional de Magistrados y destacó la relevancia de este congreso en el ámbito jurídico y social: “Durante el último tiempo la contribución del Ministerio de Justicia ha estado focalizada en dos aspectos: Una, es la defensa y representación de los niños y adolescentes que tienen un área de justicia e instancias administrativas. Lo segundo, que tiene que ver con el esfuerzo que está desarrollando hoy, que por cierto probablemente no tiene que ver con los debates que ustedes van a tener, pero sí en el contexto general de la política pública del Ejecutivo respecto de la implementación del Servicio Nacional para la Reinserción Juvenil.

En su discurso, el presidente del máximo tribunal celebró especialmente el Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia en su sexta versión: “Toda vez que cobra en especial significación la generación de espacios de reflexión en torno a los pasos avanzados y los desafíos que permanecen pendientes”.

Durante la jornada inaugural también expuso la académica y doctora en Derecho, Juliana Díaz Pantoja, quien abordó los desafíos de la autonomía progresiva y el interés superior del niño y la niña.

El congreso se extenderá entre el 19 y el 21 de octubre, y está organizado por el Poder Judicial en coordinación con la Asociación Regional del organismo gremial, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins y el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda.