La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, resaltó “el compromiso de nuestro sector para estar a la altura de los desafíos que nos ha planteado el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en los relevantes ejes que consignó en la Cuenta Pública al país”.

La Secretaria de Estado subrayó que entre las medidas urgentes puntualizadas por el Mandatario se cuenta el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social, que implica el término del Sename, y una atención adecuada a los jóvenes infractores de ley; la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social; presentar un proyecto de ley de protección de defensores y defensoras de derechos humanos; impulsar el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, ya presentado, y publicar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones; tramitar el proyecto de Ley Sayén, para que personas privadas de libertad embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años puedan cumplir su condena de forma alternativa a la cárcel.

La Ministra Ríos indicó que en materia de derechos humanos lideraremos el plan de búsqueda de desaparecidos en dictadura, recuperaremos sitios de memoria, como la Casa de Memoria Los Ríos y Sitio José Domingo Cañas y que, respecto de los casos registrados durante el estallido social, conformaremos una Mesa de Reparación Integral en la que participará en calidad de coordinadora la Senadora Fabiola Campillai.

Asimismo, revisaremos los programas de reinserción para ofrecer intervención especializada, educación y trabajo a la población privada de libertad; ampliaremos el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, habilitaremos el Complejo Penitenciario Biobío y mejoraremos las instalaciones sanitarias, eléctricas y estructurales en centros penitenciarios de Arica, Talca, Molina y Parral.

Fortaleceremos nuestra labor en busca de paridad de género e igualdad en el Ministerio y en los Servicios.

Contribuiremos a mejorar la legislación sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la que incluirá el abordaje integral de la violencia, así como sus consecuencias sobre niños, niñas y adolescentes.

Contribuiremos a la reparación a las víctimas indirectas de femicidios y crímenes de odio como los que por ejemplo ocurren contra la comunidad LGBTIQA+.

En materia de la lucha contra la corrupción, impulsaremos el proyecto de ley que protege al denunciante de actos en contra de la probidad administrativa.