El Seremi de Justicia y DD.HH. de la región, Alex Meeder hizo un especial llamado a los parlamentarios para que discutan y aprueben la propuesta que el ministro de la cartera, Hernán Larraín, impulsa en el Congreso.

Meeder explicó que uno de los ejes principales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es “facilitar el acceso a la justicia para todas las personas, es por ello que queremos dejar aprobado durante este periodo de Gobierno, la reforma para modernizar el sistema notarial y registral del país”, explicó el Seremi.

Otilia Díaz, usuaria del sistema notarial en Castro, manifestó su preocupación “porque a veces la burocracia le gana a la lógica. Con la calma que trabajan en el Congreso y la tardanza de estos procesos sólo nos hace sospechar. Los parlamentarios no aprueban porque no les conviene, porque las personas vamos a conocer a la parentela que tienen en las notarias y mientras nosotros tenemos que seguir pagando dinero de sobra y haciendo largas filas por trámites que podríamos hacer en la página web”, manifestó la usuaria.

El ministro Hernán Larraín dijo que “estamos impulsando esta importante modernización para el sistema tan necesario para los ciudadanos, especialmente en tiempos de pandemia. El gobierno espera que esta propuesta se traduzca en un cambio sustancial en la experiencia que vive cada persona cuando va a la notaria, con mejores estándares de atención, y con procesos más rápidos, que no les signifique perder su tiempo, ni su dinero, innecesariamente. Nuestro objetivo es dar mayor y más fácil acceso a los usuarios, agilizando los tiempos de espera, evitando las filas y disminuyendo los costos”, aseveró el ministro.

La iniciativa plantea la modificación de una serie de cuerpos legales, para eliminar las declaraciones juradas ante notario, reemplazándolas por declaraciones simples. Eliminar el requisito de acompañar una copia autorizada ante notario para algunos documentos. Reemplazar el uso de un instrumento privado firmado ante notario, por instrumentos privados simples y eliminar la necesidad de reducir a escritura pública los actos administrativos, tales como resoluciones y decretos, trámite que hoy tiene un costo entre $50 mil y $100 mil, en situaciones que no se requiere, que no se justifica.