Un fuerte énfasis en la urgencia de que se respeten los derechos que tienen las mujeres privadas de libertad ha puesto la Defensoría Penal Pública (DPP), durante marzo, en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer.

Es así como el defensor nacional, Carlos Mora, resaltó que su organismo está empeñado en especializar a los defensores para dar una mejor atención a las mujeres en su acceso a la justicia. La autoridad participó, el miércoles 16, en un encuentro con internas del Centro Femenino de Santiago, junto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, autoridades regionales de los servicios y la animadora de televisión Karen Doggenweiler. 

La ministra Ríos agradeció la invitación formulada por la Defensoría y Gendarmería a este encuentro y destacó que en su gestión se priorizará el enfoque de género y se abordará las necesidades de las mujeres que se encuentran en las cárceles, especialmente de quienes son madres, algunas de las cuales conviven con sus hijos/as en los recintos penales.

Mora Jano afirmó que las mujeres privadas de libertad “solo pierden eso, la libertad, pero no pierden la dignidad (…) No es posible que alguna de ustedes se muera porque no tiene atención médica. Hace unas semanas murió una mujer, simplemente por falta de atención de salud. Por ello, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones que fue acogido y luego confirmado por la Corte Suprema, señalando -específicamente- que el Estado se tiene que hacer cargo de los derechos de ustedes, sobre todo el derecho a la salud”.

El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel -confirmado luego por la Corte Suprema ordenó a Gendarmería brindar atención médica permanente a las internas del penal sanmiguelino y contar con protocolos de salud adecuados para las mujeres encarceladas. Así lo resaltó la defensora regional metropolitana sur, Loreto Flores, en un conversatorio sobre derechos de mujeres privadas de libertad realizado, el martes 22 en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.

La abogada del Departamento de Estudios y Proyectos de la DPP, Claudia Castelletti, publicó en El Mercurio Legal -el martes 8- la columna “Mujeres privadas de libertad: doble discriminación”, en la que subraya que “nuestro país no ha implementado políticas legislativas que apunten a disminuir esta discriminación, pero sí han existido pronunciamientos judiciales específicos que, con mucha fundamentación, han aplicado esta normativa internacional y argumentado que privar a una mujer de libertad, en algunos casos, puede considerarse un tema de violencia de género contra la mujer”.

Castelletti sostiene que, en materia de término de la discriminación, “el sistema penal y penitenciario no puede quedar fuera, porque desconoceríamos algo esencial: que quien comete un delito lo hace en un contexto social y cultural plagado de estructuras y estereotipos de género y que el derecho, como construcción simbólica de un deber ser social, debiera buscar eliminar”.

El defensor regional de Valparaíso, Claudio Pérez, en tanto, resaltó el lunes 7 que la paridad de género ya es una realidad en su organismo, al lograr que este año, por primera vez, la dotación de defensoras públicas alcance el 49 por ciento del total. “Es una excelente noticia que en nuestro servicio aumente el número de abogadas, porque da cuenta de que tenemos perspectiva de género en el equipo de trabajo y en el tratamiento de los casos, a través de la línea especializada de defensa de género”, explicó.

La DPP informó, asimismo, que -en diversos establecimientos penitenciarios del país la DPP- conmemoró el 8M con actividades de apoyo a internas.

Paralelamente, la institución ha difundido en redes sociales planteamientos de sus autoridades regionales sobre el tema. Es así como Gustava Aguilar, defensora regional de Magallanes, aborda la aplicación de la medida preventiva, subrayando que esta “debe ser una medida cautelar excepcional. Con mayor razón, cuando se trata de mujeres jefas de hogar, porque se afecta no solo a la mujer, sino también a todo su grupo familiar”. Soledad Llorente, defensora regional de Los Lagos, por su parte, resalta que “una mujer privada de libertad no pierde el derecho a un trato digno y no violento y que el Estado le garantice, entre otros, su acceso a la salud, a la educación y, sobre todo a que se favorezca el vínculo maternal con sus hijas e hijos, sus relaciones afectivas y a la reinserción social, para su propio desarrollo y el de su familia”.