Con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, esta tarde el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que perfecciona el Registro de Ofensores Sexuales.

De este modo, la iniciativa legal —que hace perpetuas todas las inhabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes— culminó su tramitación y está lista para ser promulgada.

Con la nueva ley, en todas las causas de delitos sexuales en contra niños, niñas y adolescentes, los fiscales tendrán la obligación de solicitar siempre la pena adicional de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad.

Mientras que, en aquellos casos ya sentenciados, si la inhabilidad dictada fue temporal, los fiscales deberán impugnar las condenas para obtener la inhabilidad perpetua.

Sobre la aprobación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dijo que “quienes estén en este Registro, gracias a esta nueva ley, tendrán una sanción a perpetuidad, que no les va a permitir nunca más poder trabajar con niños, niñas y adolescentes, si han sido condenados por un delito de abuso sexual en contra de menores de 18 años. Eso nos da una tranquilidad, una garantía, en contra delincuentes que lamentablemente son muy difíciles de rehabilitar”.

En otros aspectos, la nueva ley establece que cuando una persona cumple su condena y pide la eliminación de antecedentes, la inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes continuará siendo perpetua.

Además, la iniciativa aprobada señala que las Seremías de Educación, y de Transportes y Telecomunicaciones de todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, podrán acceder a ambos registros, para controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores de edad, así como para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos previamente.

Asimismo, el proyecto aprobado hace obligatorio que todos los años, en el mes de diciembre, el Ministerio de Transportes revise a toda la flota de transportistas escolares del país, para que sus conductores y acompañantes no tengan condenas por delitos sexuales contra menores, cancelándoles los permisos a quienes incumplan la normativa.