Destacando el impulso de la sociedad civil latinoamericana en el combate a la tortura, y junto a altas autoridades, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura celebró cuarenta años desde su creación. El evento tuvo lugar este viernes 24 de junio en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago de Chile.

La ceremonia incluyó una participación desde Ginebra de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien destacó la labor del Fondo para ayudar a miles de víctimas de tortura a través del mundo en su camino hacia la reparación.

A nombre del Gobierno de Chile estuvieron presentes la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter.

Representando el impacto del trabajo del Fondo en la región, también participaron personas e instituciones beneficiarias de México, Guatemala, Bolivia, Brasil y Chile. Otros participantes fueron el experto y miembro de la Junta del Fondo para las Víctimas de Tortura, Juan E. Méndez; el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, y el Embajador de Dinamarca en Chile, Jens Godtfredsen.

Un apoyo imprescindible

Durante el encuentro se rindió homenaje a los sobrevivientes de tortura y personas defensoras de derechos humanos de Chile y de América Latina, cuya lucha incansable ha sido crucial para la creación y continuidad del Fondo, así como para el desarrollo de mecanismos de prevención y combate a la tortura a nivel internacional.

También se destacó que en sus cuarenta años de existencia, el Fondo de la ONU ha representado un apoyo imprescindible para las víctimas de tortura, sus familias y para el trabajo de la sociedad civil, promoviendo el derecho a la reparación por medio de la rehabilitación y el trabajo jurídico, psicológico, médico, social y humanitario.

Las y los participantes reconocieron el rol de los Estados donantes que han hecho posible el trabajo del Fondo, pero plantearon preocupaciones por los crecientes desafíos, presiones y represalias que enfrentan organizaciones que apoyan a las víctimas de la tortura en un contexto mundial de reducción del espacio cívico. En tal sentido, coincidieron en pedir a los Estados un mayor compromiso e incrementar sus aportes para asegurar la continuidad de las iniciativas apoyadas por el Fondo.

Cabe destacar que solo en 2022, el Fondo ha otorgado 179 subvenciones anuales a organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de proyectos de asistencia directa a más de 46 mil sobrevivientes de tortura y sus familiares en 92 países, por un total de USD 8.720.000.

Antecedentes. Resultado de la movilización de víctimas, sus familiares y activistas de derechos humanos, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció un Grupo de trabajo Ad Hoc para monitorear la situación en el país. En 1978, a la luz de las continuas violaciones de derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile. El Fondo recibió contribuciones voluntarias de Estados miembros y aportó asistencia humanitaria, legal y financiera a las personas cuyos derechos humanos fueron violados por detención o encarcelamiento en Chile. Para extender el mandato y el alcance geográfico, la Asamblea General convirtió en 1981 el Fondo para Chile en el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de Tortura.

Desde entonces, el Fondo ha otorgado más de 5 mil subvenciones a organizaciones de la sociedad civil en 120 países a través del mundo, por un total de USD 200 millones para ayudar a cientos de miles de víctimas de tortura a acceder a servicios de rehabilitación y obtener reparación en todas las regiones del mundo. En Chile, por ejemplo, el Fondo ha otorgado a lo largo de su historia subvenciones a nueve organizaciones[1]. Entre las personas beneficiarias se incluyen defensoras y defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, personas refugiadas y migrantes, víctimas de desapariciones forzadas, pueblos indígenas, víctimas de violencia sexual y de género, y personas LGTBI. 

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